La Fiscalía descartó una denuncia por prevaricato contra un juez y solicitó el archivo de la causa
Un dictamen del Ministerio Público Fiscal, fechado el 8 de abril de 2026, resolvió no avanzar con la denuncia por presunto prevaricato presentada por la ex jueza Virginia Illanes Bordón contra el juez Marcelo Carrizo. Según concluyó la fiscalía, no existen elementos suficientes para sostener la acusación penal, al considerar que la conducta denunciada no configura delito.
El fiscal interviniente, Dr. Ariel Ormeño Reynoso, fundamentó que el delito de prevaricato requiere que un magistrado dicte una resolución contraria a la ley de manera deliberada, con pleno conocimiento y voluntad de hacerlo. En ese sentido, el análisis del expediente determinó que esa intención no puede inferirse únicamente a partir de que una resolución haya sido cuestionada o interpretada de forma diferente.
El dictamen remarca que no alcanza con que una decisión judicial sea considerada errónea, injusta o jurídicamente discutible para configurar un delito. Tampoco la existencia de criterios controvertidos resulta suficiente si no se acredita una actuación maliciosa por parte del juez al momento de dictar la resolución.
En esa línea, el Ministerio Público Fiscal señaló que no se logró demostrar que el juez Carrizo haya actuado con la intención de contrariar la ley o la Constitución, ni que haya utilizado fundamentos falsos para sustentar su decisión. De este modo, se descartaron los elementos subjetivos necesarios para encuadrar el hecho en la figura penal de prevaricato.
Con estos argumentos, la fiscalía consideró que se trata de una conducta atípica en términos penales y solicitó el archivo de las actuaciones. Además, subrayó que los desacuerdos con resoluciones judiciales deben canalizarse a través de las vías recursivas correspondientes, y no mediante denuncias penales sin sustento suficiente.
